Justicia elegida: el avance democrático que marcó las elecciones del 1 de junio
Por Neptuno.
A una semana de las elecciones históricas del Poder Judicial en México, los efectos comienzan a perfilar una transformación profunda en el modelo de justicia nacional. El pasado 1 de junio, más de 13 millones de ciudadanos participaron por primera vez en la elección directa de jueces, magistrados y ministros, rompiendo un paradigma centenario de designaciones internas y opacas. Aunque el proceso ha recibido críticas por su baja participación, el saldo general, desde una perspectiva positiva, refleja un avance inédito hacia la democratización del sistema judicial.
Un proceso electoral sin precedentes
Organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estas elecciones judiciales se realizaron bajo los más altos estándares de control y transparencia. Más de 2 600 cargos estuvieron en juego, incluyendo integrantes de la Suprema Corte, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Electorales y Juzgados de Distrito. Fue un evento inédito tanto por su alcance como por su legitimidad técnica: el 100 % de las actas fueron contabilizadas y digitalizadas, sin reportes significativos de anomalías.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo describió como un “éxito absoluto”, enfatizando el cumplimiento de un compromiso de campaña y el comienzo de una nueva era de legitimidad judicial.
Una Corte diversa y con rostro indígena
Uno de los momentos más simbólicos del proceso fue la elección de Hugo Aguilar Ortiz como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abogado de origen mixteco, Aguilar Ortiz recibió más de seis millones de votos, convirtiéndose en el primer indígena en asumir este cargo en la historia del país desde el “Benemérito de las Américas” Benito Juárez, de origen zapoteca, quien presidió la Corte en 1857–58 antes de su legendaria presidencia.
Hugo Aguilar representa, por tanto, una recuperación histórica de la presencia indígena en los más altos cargos judiciales, reforzando un simbolismo político y cultural de largo alcance, cerrando un ciclo histórico de más de 160 años y marcando una clara continuidad progresista.
Su elección ha sido celebrada como un triunfo de la diversidad, la representación y la equidad. Grupos de derechos humanos y organizaciones indígenas han aplaudido la decisión ciudadana, considerándola una señal clara de madurez democrática.
Más allá del voto: participación ciudadana activa
Aunque la participación fue del 13 %, el involucramiento cívico superó con creces lo habitual en procesos de este tipo. Más de 317 000 personas fungieron como observadores electorales —cinco veces más que en la elección presidencial de 2024—, y miles de organizaciones sociales participaron en el seguimiento del conteo.
El entusiasmo de sectores tradicionalmente alejados del sistema judicial, como estudiantes, comunidades rurales e incluso colectivos de mujeres, abrió un nuevo canal de diálogo entre justicia y ciudadanía.
¿El principio de una nueva justicia?
La elección del 1 de junio se inscribe dentro del marco de la reforma constitucional aprobada en 2024, que busca transformar el Poder Judicial en una institución más abierta, eficiente y libre de conflictos de interés. El hecho de que los jueces sean ahora responsables ante el pueblo —y no ante una élite política o administrativa— redefine la relación entre ciudadanía y justicia.
Si bien aún hay desafíos importantes, como el fortalecimiento de la formación judicial y la vigilancia ética, el mensaje que ha dejado esta elección es contundente: los mexicanos han comenzado a apropiarse del sistema judicial como un bien público.
Lo que sigue
El 15 de junio se validarán oficialmente los resultados. En septiembre, los nuevos funcionarios tomarán posesión de sus cargos. El gobierno ha anunciado que el modelo será evaluado para corregir fallas y repetir el ejercicio en 2027 con mejoras.
Esta elección, más allá de sus cifras, marca un antes y un después en la historia del país. Representa el primer paso hacia una justicia construida desde abajo, con rostro ciudadano, y orientada a rendir cuentas no al poder, sino al pueblo.
