El gobierno de México informó que los diez trabajadores mineros secuestrados el 23 de enero en Concordia, Sinaloa, podrían haber sido víctimas de una confusión por parte de integrantes de la facción criminal conocida como Los Chapitos, quienes supuestamente los tomaron por miembros de un grupo rival, según declaraciones recabadas en las primeras investigaciones.
Hasta ahora, las autoridades han identificado los cuerpos de cinco de los mineros desaparecidos en una fosa clandestina en el poblado de El Verde, a unos 40 kilómetros de distancia del lugar donde fueron raptados mientras trabajaban para la empresa minera canadiense Vizsla Silver. Las familias han reconocido a las víctimas por medio del Servicio Médico Forense y la Fiscalía General de la República continúa con la identificación de restos adicionales.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la teoría de que los trabajadores fueran secuestrados con fines de extorsión a la empresa minera ha sido descartada, pues no existían denuncias previas de hostigamiento o exigencias de rescate en contra de la compañía o sus empleados. En cambio, la línea de investigación apunta a un error de identidad de los criminales.
El caso generó una movilización de fuerzas federales tras la desaparición reportada cinco días después de los hechos, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el despliegue de más de mil soldados y elementos de distintas corporaciones para localizar a los trabajadores y desarticular la red responsable.
Familiares de las víctimas han exigido respuestas más claras sobre lo ocurrido y la localización con vida de los cinco mineros que aún permanecen desaparecidos. Asimismo, organizaciones del sector minero han demandado una investigación exhaustiva que esclarezca las circunstancias del secuestro y evite hechos similares en zonas donde persiste la violencia producto de la disputa entre cárteles de la droga.
El caso ha puesto de relieve la persistente inseguridad en regiones como Sinaloa, donde las disputas internas entre células delictivas han generado un clima de violencia que afecta a comunidades, trabajadores y actividades productivas.